Corte Suprema del Perú señala que la protesta no está reconocida en la Constitución

La Sala Penal de la Corte Suprema, en una polémica resolución, ha sentenciado que la protesta ciudadana carece de protección jurídica, ya que no está reconocida en la Constitución ni en ninguna otra norma legal. De este modo, cualquier manifestación, incluso pacífica y sin afectar derechos fundamentales, se considera automáticamente un delito.

Esta decisión judicial argumenta que la protesta es un “anti valor” o contravalor, ya que su ejercicio supuestamente aniquila otros derechos. En consecuencia, reconocer el derecho a la protesta se considera un razonamiento inconstitucional y no convencional.

El veredicto dado por la máxima instancia judicial del país surge a raíz de un recurso de casación presentado por cuatro dirigentes campesinos de la provincia de Cotabambas, quienes fueron detenidos en mayo de 2016 por manifestarse contra el proyecto minero Las Bambas. 

Alejandro Huillca Pilares, Julián Ochoa Aysa, Alejandro Ochoa Puma y Rodmy Alfonso Cabrera Espinal fueron condenados a una pena suspendida de dos años de reglas de conducta y a pagar una reparación civil de dos mil soles por interrumpir el desplazamiento de los camiones de la minera.

La sentencia casatoria fue suscrita por los jueces César San Martín Castro (presidente del tribunal), Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Walter Cotrina Miñano. Manuel Luján, elegido juez supremo el año pasado por la Junta Nacional de Justicia, fue el ponente y redactor del fallo.

En este fallo, se establece que la única forma de protesta válida y reconocida en el Perú para cualquier ciudadano es la huelga de hambre, mientras que para los trabajadores dependientes se considera válida la huelga laboral y la huelga de hambre. Cualquier otra forma de manifestación, aunque sea pacífica, y que afecte derechos de terceros o el sistema económico, deslegitima y degrada irremediablemente el derecho a la protesta, convirtiéndola en un delito.

Esta resolución ha generado un fuerte debate entre los hermanos peruanos y defensores de los derechos humanos, quienes consideran que criminalizar la protesta socava la libertad ciudadana y limita la posibilidad de expresión de las demandas sociales. 

La lucha por preservar el derecho a la protesta y la defensa de las libertades civiles se han vuelto imperativas ante esta decisión, decisión que restringe un pilar fundamental de la democracia en el país.

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Instagram

Más popular