Exsocio y colaboradores de PPK también involucrados en lavado de activos

La Fiscalía ha apelado la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundada la tutela de derechos presentada por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y anuló la investigación por lavado de activos en el caso Westfield Capital, vinculado a la empresa Odebrecht.

El Equipo Especial Lava Jato considera que esta decisión es excesiva, ya que durante la investigación se han obtenido 144 elementos de convicción que respaldan los cargos contra PPK. Entre estos elementos se encuentra la prueba de que PPK habría montado una organización criminal para obtener beneficios ilícitos a través de supuestas “asesorías” a Odebrecht, las cuales eran pagadas mediante Westfield Capital. Además, se ha demostrado que tenía acceso a información privilegiada y ocupaba cargos públicos en el Perú.

El fiscal José Domingo Pérez ha presentado un requerimiento acusatorio que consta de 29 cuadernos y 5668 folios, los cuales sustentan el delito de lavado de activos. En base a esto, ha solicitado una condena de 35 años de cárcel para el expresidente.

También se han presentado 128 elementos de convicción contra el chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, exsocio de PPK y administrador de Westfield durante el tiempo en que PPK ocupaba cargos públicos en Perú. Asimismo, se han presentado 32 elementos contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner y 121 contra su exchofer José Bernaola Ñufflo. 

Todos ellos habrían participado en el lavado de aproximadamente 12 millones de dólares provenientes de las “asesorías” de PPK a Odebrecht, específicamente para los proyectos IIRSA Sur 2 y 3, Trasvase de Olmos, Rutas de Lima y Transportadora de Gas del Perú.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, anuló la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, quien solicitaba una condena de 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El juzgado ha determinado que se declare fundado el pedido de la defensa de PPK, anulando así todo lo actuado hasta el momento y retrotrayendo el caso a la etapa de investigación preliminar, para que la Fiscalía y el Equipo Especial concluyan la pericia contable y financiera, así como otras diligencias.

Según el juez dar por terminada la investigación y presentar de inmediato la acusación penal ha afectado el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de prueba, el derecho a ser oído, el derecho a contradecir y la tutela judicial efectiva de PPK.

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