Mora social: El gobierno peruano discrimina niños de familias homoparentales

El derecho a la salud, a la educación y a la identidad son Derechos Fundamentales, protegidos en la mayoría de las naciones y tutelados en los países occidentales. Sin embargo, en Perú, la preferencia sexual de una persona es colocada por encima de sus derechos universales, generando discriminación, no solo en adultos sino también en niños.

Un informe presentado por Ipsos Perú deja en evidencia como los hijos de las familias homosexuales o sexualmente diversas, tienen dificultades para acceder al sistema de salud, educación e incluso para ser reconocidos como hijos.

“La investigación fue realizada entre personas mayores de 18 años que tengan una familia diversa, de nacionalidad peruana que residan en el Perú o en otro país y/o de otra nacionalidad que residan en el Perú”.

La Constitución, actualmente, no contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y como consecuencia de ello, aún siendo una realidad cada vez más difusa, para el gobierno peruano estas parejas y, de consecuencia, sus hijos no existen. Es por ellos que “casi la totalidad de entrevistados se encuentra insatisfecho con el rol del Estado en la garantía de sus derechos como familia diversa o persona Lgbtiqa+”.

Mientras que “el 12 por ciento de los hijos de los entrevistados no cuenta con ningún tipo de seguro de salud público o particular. Sin embargo, en los casos en los que sí hay una afiliación, es solo a nombre de uno de los padres o madres”. Esto pese a que “4 de cada 10 participantes del estudio tiene al menos un hijo, y su edad promedio es de 5 años, habiendo sido concebidos, el 74 por ciento de ellos, en Perú mediante programas de fecundación asistida que los interesados debieron costear de manera privada”.

“9 de cada 10 participantes quisiera casarse con su pareja” en nuestro país, pero el Estado no se los permite. Lo que nos pone en mora como sociedad y como sistema de gobierno. Las solicitudes de reconocimiento de su existencia y de respeto a sus derechos ya ha sido elevada al Congreso, sin que aún se les tome en cuenta ni se atiendan sus demandas.

Mientras se les ignora la mayoría de ellos ha tenido que contratar doble seguro y costear gastos exorbitantes para poder contraer matrimonio en el extranjero. Paradójicamente “los principales lugares donde los entrevistados indican haber sido discriminados son espacios públicos (56%), comunidades religiosas/ templos (45%) e instituciones públicas (35%)”. Las mismas instituciones públicas que deberían velar por sus derechos como ciudadanos por lo que “3 de cada 5 personas encuestadas que residen en el país consideran probable emigrar al extranjero con el propósito de que le sean reconocidos sus derechos.

Redacción El Machete

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