57% de los peruanos consideran que el Congreso obstaculiza la lucha contra la minería ilegal

La minería ilegal en Perú afecta gravemente regiones como Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Según una encuesta de Ipsos en mayo de 2024, el 86% de los peruanos considera que este tema debe ser prioritario para el gobierno, y un 67% de los encuestados enfatizó que debe ser con urgencia.

En Madre de Dios, la minería ilegal ha causado pérdidas de 593 millones de dólares entre 2022 y 2023, reporta el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Esta actividad genera deforestación, contamina ríos y amenaza la biodiversidad y la salud de las comunidades. La Fundación por la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) informa que en 20 años, más de 31 mil hectáreas terminaron deforestadas en esta región, sin mencionar la contaminación por mercurio que también ha provocado graves problemas de salud.

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El 60% de los encuestados identifica la corrupción de las autoridades como una de las principales barreras para combatir la minería ilegal. Los expertos señalan que esta corrupción impide el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de controlar estas actividades ilícitas. Manuel Zapata, asesor legal de FCDS Perú, afirma que las propuestas legislativas del Congreso contribuyen a mantener la informalidad y la criminalidad.

“Cabe recordar que la minería ilegal es una actividad que opera en el ámbito del crimen organizado que está en aumento y que ha copado territorios, desplazando y reemplazando al Estado en muchos de ellos”, explicó el asesor.

Continuando con el informe de la Ipsos, el 57% de los encuestados cuestiona el rol del Congreso en la lucha contra la minería ilegal. Aunque el 60% cree que el Ministerio de Energía y Minas debe liderar esta lucha, el 41% piensa que le corresponde al Ministerio de Ambiente y el 18% responsabiliza a los gobiernos regionales.

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La FCDS-Perú sugiere que la corrupción es un problema estructural que debe abordarse fortaleciendo las comisiones regionales anticorrupción. “La minería ilegal es un delito y como tal es perseguido por el Ministerio Público y sancionado por el Poder Judicial, no obstante, el Poder Ejecutivo ha buscado enfrentar a este fenómeno criminal con la creación de diversas comisiones multisectoriales específicas y generales”, explicó Zapata.

La falta de implementación de políticas efectivas, como la Estrategia de Prevención y Reducción de Delitos Ambientales en la Amazonía, prepublicada en 2022 por el Minam y aún sin avances, junto con la ausencia de una Política Nacional contra la minería ilegal a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evidencian una debilidad institucional.

“Lamentablemente, los resultados de dichos esfuerzos son pobres y no han podido detener el crecimiento de la minería ilegal y menos mitigar sus impactos ambientales, sociales y económicos”, sentenció el especialista.

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