Dina Boluarte convoca a Pleno Extraordinario por delegación de facultades

La presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó al Congreso a sesionar de forma extraordinaria el próximo 1 de julio a las 10:00 a. m. con el fin de discutir el tema de la delegación de facultades, la cual se aprobó en primera votación el pasado sábado 14 de junio.

Tengo el agrado de dirigirme a ti, con relación al Proyecto de Ley N° 7752/2023-PE, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica… que fue aprobado en primera votación en la sesión del Pleno del Congreso de la República realizado el sábado 15 de junio del año en curso… en ese contexto, en virtud de la facultad conferida por el numeral 6) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; convoco al Congreso de la República a una legislatura extraordinaria para el lunes 01 de julio a las 10:00 horas”, se observa en el comunicado.

Dina Boluarte tiene la prerrogativa de realizar este pedido al Congreso, de acuerdo a la Constitución. | Foto: El Peruano

Como se recuerda, el pasado sábado concluyó el período anual de sesiones 2023-2024 del calendario congresal. Ante esta situación, el Ejecutivo está solicitando que los parlamentarios establezcan un día adicional de pleno para abordar este asunto, el cual es de vital importancia para el gobierno.

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Es importante mencionar que, durante la primera votación, Martha Moyano, quien preside esta Comisión del Congreso, intentó que la solicitud del Ejecutivo se exonerara de una segunda votación. Sin embargo, el Pleno decidió rechazar esta exoneración después de que Alejandro Soto iniciara la correspondiente votación.

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¿Qué facultades legislativas debe ratificar el Congreso?

En la primera votación, el Pleno aprobó los siguientes puntos del texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 7752:

  • 2.1 Referido al fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.
  • 2.2 Mejora de la calidad de la inversión pública.
  • 2.3. Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.
  • 2.4. Reducción de costos de transacción.
  • 2.5. Acceso y competencia en servicios financieros.
  • 2.6. Equilibrio fiscal.
  • 2.7. Tributaria.
  • 2.8. Política criminológica y penitenciaria.
  • 2.9. Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.
  • 2.10. Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

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