Ley de Amnistía: Dina Boluarte y Alejandro Soto envían carta de rechazo a la Corte IDH

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Gustavo Adrianzén, informó este lunes 8 de julio, que la presidenta de la Nación, Dina Boluarte en conjunto al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde expresan su rechazo a la solicitud emitida por la mencionada institución internacional para que el Gobierno no promulgue la Ley de Amnistía, la cual propone prescribir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra registrados antes de 2002.

Lo que quiero mencionar es que la presidenta y el presidente del Congreso han enviado una carta de respuesta a la resolución emitida por la Corte IDH. En esa carta, firmada por los dos poderes del Estado electos, han hecho saber a la Corte IDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución”, informó Adrianzén.

De igual forma, el líder del Gabinete Ministerial enfatizó que su despacho aún no recibe la denominada ‘Ley de Amnistía’, la cual los miembros de la Comisión Permanente del Parlamento Nacional aprobaron. Asimismo, sostuvo que, cuando el documento llegue a su oficina, los ministros competentes realizarán una evaluación conforme a la perspectiva del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, luego de que la conferencia de prensa de la presidenta Dina Boluarte culminara, se difundió el documento de la referida norma, el cual menciona que fue recepcionado por el despacho presidencial este lunes 8 de julio al promediar la 1:00 p.m.

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¿Qué dice la carta de rechazo a la Corte IDH?

En la carta enviada por los titulares del poder Ejecutivo y Legislativo, rechazaron el pronunciamiento de la organización internacional, descartando que el país “no sea un estado constitucional y que carezca de mecanismos propios de una república democrática”.

Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de mecanismos propios de una república democrática en la que operan el equilibrio y control de los poderes públicos. Más bien pretendería constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”, se lee en el documento.

De esta manera, rechazamos de manera categórica los términos contenidos en la Resolución de 1 de julio de 2024, puesto que lo concedido como medida provisional supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes, en tanto que en la práctica requiere que los Poderes del Estado renuncien al ejercicio de sus competencias constitucionales y abdiquen en sus funciones a favor de una instancia supranacional que ya no interviene subsidiariamente, sino que, en total contrasentido, dispone más bien asumir el pleno control de las tareas estatales al determinar cuáles no se pueden ejercer”, se indica.

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